MANIFESTACIÓN ANIVERSARIO 15-M

 

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"No a nuestra Costa"

Plataforma en defensa de la ley de costas
Estas son algunas de las principales razones por las que la Plataforma “No a nuestra costa” entiende que la Ley de Costas no debería ser reformada:

• Nuestra costa es un espacio frágil, finito, rico y diverso. La Ley de Costas protege nuestras playas, calas, dunas, acantilados, marismas y rías de aquellas actividades que pueden degradarla o destruirla.
• Asegura el disfrute libre del litoral y asegura nuestro acceso a las playas sin obstáculos e impidiendo su privatización.
• La plataforma busca que la Ley de Costas sea un seguro frente a una urbanización descontrolada y desmedida en nuestro litoral.
• El dominio público marítimo-terrestre y las zonas de servidumbre, establecidas en la Ley de Costas, velan por la seguridad ciudadana, garantizando nuestra integridad física y la de nuestros bienes ante posibles daños ocasionados por inundaciones, temporales, modificaciones de las playas por infraestructuras mal diseñadas o efectos derivados del cambio climático, como el retroceso de la línea de costa.
• Garantiza nuestra seguridad jurídica, porque en el 95% de las demandas ante los tribunales se ha fallado a favor del interés general del Estado frente al interés particular.
• Frente a la acelerada degradación del entorno costero en décadas anteriores y la desvalorización de los activos públicos y privados en el litoral, la Ley de Costas avala otros modelos de desarrollo, donde el respeto al entorno y a los procesos ecológicos sean un factor de competitividad y la base para generar empleo y riqueza.
• La Ley de Costas salvaguarda el valor económico y estratégico del litoral para importantes actividades económicas, tales como el turismo, la pesca y el marisqueo, la agricultura costera o los deportes náuticos. Según datos del Ministerio de Medio Ambiente, una costa bien conservada genera puestos de trabajo y beneficios de unos 8.000 millones de euros al año (10% del PIB).
• La Ley permite el asentamiento de determinados establecimientos en nuestras playas, siempre y cuando no contravengan la legislación.
• No queremos que las zonas degradadas sean la recompensa para quienes han maltratado nuestra costa. En lugar de devolverla a las condiciones originales, ahora podrán tener opción a apropiarse de ellas con mayor facilidad.
• La Plataforma defiende la transparencia urbanística y la eliminación de las figuras que favorecen la especulación y la corrupción a nuestra costa. El objetivo es evitar la vulneración de los derechos individuales de los ciudadanos europeos, tal y como fue denunciado por el informe Auken y aparece recogido en la Directiva de Gestión Integrada de Zonas Costeras elaborada por la Unión Europea, mediante una adecuada aplicación de la Ley de Costas.

En dos décadas, nuestra costa ha perdido una superficie similar a ocho campos de fútbol cada día. Una costa mal conservada nos cuesta miles de millones de euros cada año, dinero público que se destina a la restauración de paseos marítimos, playas, infraestructuras costeras y al control de vertidos en una espiral de gasto sin fin.

Una reforma de la Ley de Costas, en los términos planteados por el Gobierno, donde solo unos pocos se verían favorecidos, con una revisión del litoral deslindado (con más del 90% realizado), supondría un verdadero factor de inseguridad jurídica e implicaría un enorme coste que pagaríamos todos con el dinero de nuestros impuestos.

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